El operativo llamado “Huracán Verde” fue un duro golpe para la narco guerrilla de las FARC, la ALDHU y el gobierno de Rafael Correa. En octubre del 2007 se incautó 3.7 toneladas de droga en la provincia de Esmeraldas, que tenía como destino el cartel de México. Según el Fiscal Antinarcóticos del Guayas, la droga la traficaba las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Posteriormente, un nuevo operativo, “Huracán de la Frontera”, con el decomiso de 4.8 toneladas de cocaína. Las investigaciones vinculaban al ex subsecretario de Gobierno, José Ignacio Chauvín, con los hermanos Edison y Jefferson Ostaiza, acusados de narcotráfico.
Chauvín reconoció públicamente que era un revolucionario y que era amigo personal de Raúl Reyes, el guerrillero que fue abatido en Angostura el 1 de marzo del 2008. Aquí comienza la telenovela. Chauvín dijo que se había reunido con el subversivo por siete ocasiones. Aseguró además, que fue el coordinador de la entrevista que el ex Ministro Gustavo Larrea mantuvo con Raúl Reyes. Chauvín involucró con su declaración, a la organización para la cual trabajaba. Larrea también fue director en Ecuador de esta organización y Diego Benítez, que guardaba prisión por estar involucrado en el caso Ostaiza, fue abogado de la misma organización comunista, brazo político de las FARC.
Continuaron las investigaciones de la “prensa corrupta”: nos informaban que el ejército y policía ecuatorianos, estaban molestos porque la ALDHU entregaban indiscriminadamente carnés de identificación a los colombianos que se asentaban en las poblaciones fronterizas de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos y Orellana. Los supuestos activistas de derechos humanos habían entregado cámaras de video, de fotografía, y equipos de comunicación a los ilegales colombianos, formando una red de comunicación para informar de la presencia de las patrullas militares. Gran número de los carnetizados eran simplemente guerrilleros.
El ex director de la Unidad de Inteligencia del Ejército Mario Pazmiño mostró fotografías de Freddy Castillo, un guerrillero de las FARC, que aparece junto a Chauvín y al secretario de la Aldhu, Juan de Dios Parra, vistiendo chalecos del organismo de derechos humanos.
Mientras tanto, por órdenes superiores la policía se politizaba. Buscó chivos expiatorios a fin de exculpar al gobierno de Correa que mantenía una relación ilegal y de traición a la patria con las FARC y la ALDHU. El Fiscal Antinarcóticos del Guayas acusaba a José Ignacio Chauvín de coparticipación con los hermanos Ostaiza. Chauvín se entregó a la policía, y estando entre rejas recibió “la visita” de Rafael Correa, su amigo. ¿Lo recuerdan? Chauvín reconoció públicamente su relación con los Ostaiza; dijo ser jefe de acción política del movimiento ALIANZA PAIS en Pichincha; que trabajaba en la central de la Shyris y en esas circunstancias conoció a Edison Ostaiza con quien luego cultivó una relación de amistad, “él me presentó a su hermano Jefferson”. Manifestó en la fiscalía ser el Director en Asuntos Humanitarios para la Frontera Norte de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU); que no ha viajado nunca a Colombia pero que se entrevistó con Reyes en siete ocasiones. Gustavo Larrea dijo desconocer esas reuniones. Chauvín dijo incluso que él fue el puente para que Larrea se entreviste con Reyes. Obviamente Larrea lo desmintió. Chauvín dijo que fue con Edison Ostaiza al Centro Comercial San Luis, para mantener una reunión con el ex Coronel Jorge Brito de Alianza PAIS, de quien se dice recibió cien mil dólares para la campaña política presidencial de Rafael Correa Delgado.
Como los medios independientes seguían investigando la relación que tenía el gobierno y sus funcionarios, con la Aldhu y las Farc, Rafael Correa comenzó una persecución implacable contra los periodistas de los medios más influyentes. Quería cerrarlos. Quería que los ecuatorianos no nos enteráramos de sus nexos con tan peligrosos elementos, guerrilla y narcotráfico. Incluso dijo que si le probaban que las FARC le habían dado dinero, él renunciaría a la Presidencia. Pero claro, los pillos precisamente no hacen documentos públicos ni confieren recibos para que quede constancia de sus delitos.
Después de mucho tiempo y de investigar “la verdad” de Angostura, el tema aparece nuevamente con fuerza, por el informe entregado por la “Comisión de Transparencia y Verdad” o también llamada “Comisión de Angostura”, que la preside el Dr. Francisco Huerta. Esta famosa Comisión no ha hecho más, sino ratificar lo que ya conocíamos los ecuatorianos gracias la investigación de la prensa independiente y corrupta.
Recordemos que la prensa denunció que el gobierno de Correa era el mayor aliado de la Aldhu, a quien suministraba anualmente dineros de los ecuatorianos y ocasionalmente donaciones. El secretario de la Aldhu, el chileno Juan de Dios Parra, es amigo íntimo del ex Ministro Gustavo Larrea, del ex subsecretario José Ignacio Chauvín, de la asambleísta de Gobierno María Augusta Calle, de Marcelo Larrea, del General Vargas Embajador en Venezuela, etc. Parra y su grupo apoyaron desde el inicio las elecciones en las que participó Correa. Cuando los medios corruptos informaron la relación que tenía el Gobierno con la Aldhu, con las fuerzas armadas de la narcoguerrilla, FARC, a Rafael Correa no le quedó más remedio que romper todo vínculo con la ALDHU. Dictó un decreto por el cual le retiró la inmunidad de sus miembros y los privilegios que tenía esa organización. Parra, obviamente que huyó del país con la complicidad del gobierno, para no declarar ante las autoridades judiciales. Muy fácil. Así todo quedaba tranquilo. Pero no se contó con que las bestias salvajes seguirían investigando. El cinismo de Parra llegó al extremo de acusar a inteligencia militar del Ecuador de torturar a las guerrilleras Lucía Moret, Doris Torres y Marthe Pérez, sobrevivientes de Angostura. En México se inició una demanda penal contra Lucía Morett, por guerrillera, mientras que en Ecuador ella recibía la mejor atención médica en el Hospital Militar de Quito. Fueron “ayudadas” a salir del país.
Hay mucho más sobre este embrollo político y que seguirá apareciendo poco a poco. Para que los comisionados no sean enjuiciados o abran su boca por decir la verdad adicional que ellos lo conocen perfectamente, -pero que no está en su informe-, la Asamblea graciosamente les concederá amnistía. Punto final. Rafael Correa no renunció ni renunciará por haber recibido dinero de las FARC para su campaña presidencial. Los ecuatorianos perderemos nuestra libertad de expresión. No tendremos medios dignos que nos digan la verdad. El gobierno seguirá con sus cadenas falsas y engañosas. La poca libertad que tenemos se irá perdiendo poco a poco. Nos obligan a seguir oyendo mentiras en cadenas diarias. Los insultos y ofensas a la orden del día. Nos interrumpen nuestros programas que queremos ver en la TV. ¿EN DONDE ESTA NUESTRA LIBERTAD? Y ¿QUE DE NUESTROS DERECHOS? Ya no tenemos ALDHU que nos defienda.
Patriciod.blogspot.com
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