MÁS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES
El próximo 15 de enero se cumplirán dos años de Gobierno del Presidente Rafael Correa, tiempo en el cual ha sido una constante las violaciones constitucionales de parte del mandatario ecuatoriano. Después de aprobada la Constitución Política de la República y su consiguiente publicación en el Registro Oficial, las violaciones constitucionales siguen a la orden del día, y seguirán las violaciones constitucionales, porque la nueva constitución le queda muy pequeña al señor Correa.
Recordemos que los juristas Jorge Zavala Egas, Joffre Campaña y Hernán Pérez, así como el señor César Montufar en su oportunidad presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, respecto de los plenos poderes dados por los asambleístas en el mandato constituyente No. 1, que declaró en receso al Congreso Nacional y descabezó a la Fiscalía General, la Superintendencia de Bancos y otras instituciones del Estado. Esa barbaridad jurídica se la hizo hace un año, durante la sesión de instalación de la Asamblea de Montecristi. El mandato fue publicado en el Registro Oficial del 30 de noviembre del 2007, y en su artículo 1, la Asamblea Constituyente, asume y ejerce el poder constituyente con plenos poderes.
La resolución del Tribunal Constitucional de fecha 5 de julio del 2007, argumentó que los plenos poderes de la Asamblea, no tienen atribuciones para designar funcionarios, juzgar a las personas o dictar leyes, en razón que tal proceder “resultaría arbitrario y concentrador del poder”.
En esa ocasión, el TC que estaba presidido por Patricio Pazmiño de Alianza País y amigo de Rafael Correa, aclaró que el poder constituyente originario “es extraordinario y limitado a dictar el nuevo texto constitucional”. Por esa razón, dice el texto de la resolución, mientras se plasma el nuevo orden constitucional (la nueva constitución), el orden establecido continúa vigente.
Pese a la resolución dictada por el TC, los asambleístas de Alianza País siguieron tramitando leyes y mandatos, antes de que se apruebe la nueva Carta Política. En ese mandato impusieron amenazas en contra de jueces y tribunales que tramiten cualquier acción contraria a las decisiones de la Asamblea Constituyente, intimidándoles de que serán destituidos de su cargo y sometidos al enjuiciamiento correspondiente. De igual manera, serán sancionados los funcionarios públicos que incurran o promuevan, por acción u omisión, el desacato o desconocimiento de las disposiciones de la Asamblea Constituyente.
Con esta clara violación constitucional y el silencio cómplice de Rafael Correa, la Asamblea Constituyente asumió las atribuciones y deberes de la Función Legislativa. En consecuencia, declararon en receso a los diputados del Congreso Nacional. Declararon concluidos los períodos de Contralor General del Estado, Procurador General del Estado, Ministro Fiscal General, Defensor del Pueblo, Superintendentes de Telecomunicaciones, Compañías, Bancos y Seguros.
En el mismo mandato nombraron funcionarios en forma provisional, designando para tales cargos a los siguientes ciudadanos: Carlos Pólit Fagionni como Contralor General del Estado; Xavier Garaycoa Ortiz, Procurador General del Estado; Washington Pesantez, Ministro Fiscal General; Claudio Mueckay Arcos, Defensor del Pueblo; Paúl Rojas Flores, Superintendente de Telecomunicaciones; Francisco Arellano Raffo, Superintendente de Compañías; y, Gloria Sabando, Superintendente de Bancos y Seguros.
Es necesario recordar que los vocales del Tribunal Electoral fueron ratificados después por la misma Asamblea Constituyente, en la misma sesión que asumieron el poder constituyente con plenos poderes. Como diría el Presidente: Para Ripley, ¿verdad? También es importante recordar que este famoso Tribunal denominado “de bolsillo”, se arrogaron funciones y luego de que se aprobó la nueva constitución, sin Ley que les ampare, se declararon en Corte Constitucional, violando la Constitución recién aprobada en referéndum, decisión ilegal e inconstitucional que lógicamente fue “ratificada” o avalada por el Presidente Correa, quien no se opuso a ese delito cometido por los vocales del Tribunal Constitucional. Los delitos se cometen por acción y omisión.
Recordaremos que para sacar a los diputados del Congreso Nacional, se tomó por asalto el Congreso con movimientos políticos afines al Gobierno y con más de 1500 policías que rodearon las instalaciones del Congreso Nacional, comprometiendo con ello la seguridad interior del estado al impedir la reunión del Congreso, acto que está penado por nuestro Código Penal vigente. Sin embargo, Correa y su movimiento político llamado ALIANZA PAIS propiciaron desórdenes para impedir el ingreso de los congresistas, para que no pudieran sesionar, cometiendo un delito. Esta vez dejó actuar ilegalmente al ex Tribunal Constitucional que hoy se hace llamar Corte Constitucional, sin que nadie les haya nombrado y posesionado. La ilegalidad ya es de todos. El Presidente, cómplice y encubridor del delito. Que tal.
Se siguen dando contratos de obras civiles, sin informes de las autoridades que tienen obligación de revisar contratos y destino de dineros, a dedo y sin que nadie fiscalice los millones de dólares que han sido entregados a falsos contratistas. Las obras no existen, ni siquiera la primera piedra colocadas en campañas políticas diarias del Presidente. Las obras no se ven. Las pocas visibles y que se conocen, como las de vivienda popular entregadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, en la Provincia de Manabí, han sido denunciadas como un peligro para sus ocupantes, por los mismos beneficiarios de ellas, según lo vimos en los medios de comunicación.
Se amenaza con juicio en contra de los culpables. Obviamente no habrá sanciones. La Ministra del MIDUVI no responderá por nada y ALIANZA PAIS le está premiando para que vaya de candidata a la Alcaldía de Guayaquil, cuya campaña sin lugar a duda se hará así mismo con recursos del Estado que tampoco serán fiscalizados. La corrupción ya es de todos.
La Fiscalía, bien muchas gracias. El Ministro Fiscal en vez de cumplir sus obligaciones, se dedica a ser un obsecuente servidor de Correa y a hablar de política. Mientras tanto el pueblo vio con preocupación cómo en la ciudadela Los Rosales de Portoviejo, un fuerte viento levantó el zinc de varias casas que entregó el organismo.
El subsecretario del Miduvi, Francisco Estarellas, estuvo en Los Rosales (Manabí) y ratificó la mala calidad del techado metálico, que de metal no tenía nada. Señaló que cada una de las 26 mil viviendas que ese ministerio ha levantado en Manabí, será revisada para despejar dudas y en caso de verificarse las denuncias “alguien debe responder”. “Si hay que reconstruir las viviendas se lo hará, porque la política de este Gobierno es entregar casas para vivir dignamente”, agregó.
Sin embargo creemos que más de 93 millones de sucres invertidos en viviendas en Manabí de acuerdo a los mismos datos del MIDUVI, salen volando por un fuerte viento de corrupción, que se observa a diario. La corrupción no ha podido ser parada por el violador constitucional. La corrupción también ya es de todos. ¿Hasta cuándo tendremos la corrupción ante nuestros ojos? No vemos un Presidente que quiera terminar con la corrupción y castigue a sus funcionarios deshonestos, por lo menos mandándolos a casa. Si hemos visto que los corruptos que salen de un ministerio pasan a otros cargos. ¿Por qué? Sin embargo, a los que cree son sus adversarios políticos, los amenaza, los insulta diariamente, los culpa de hechos según él ilegales, con meterles en la cárcel, pero no inicia acciones en contra de ninguno de los supuestos corruptos. No tenemos banqueros tras las rejas, como así ofreció. No han sido traídos los supuestos banqueros corruptos que viven en el exterior. Todo es bla bla, y el pueblo seguirá engañado.
