jueves, 29 de septiembre de 2011

30-S


Mañana se cumple un año de la revuelta policial en la que fallecieron (asesinados, ¿o en guerra), por lo menos diez personas y más de trescientos heridos. Este hecho vergonzoso pasó a la historia, en la que el primer protagonista es el Presidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado. Los que seguíamos minuto a minuto las noticias de los medios no gubernamentales en las primeras horas de la mañana, vimos que un pequeño grupo de policías reclamaban sus derechos laborales (quitados por la Ley de Servicio Público, dictada por Correa), grupo a los que se iban sumando  más personal policial. De igual manera, miembros de las Fuerzas Armadas reclamaban también sus derechos adquiridos, y  se tomaban  el aeropuerto de la capital ecuatoriana.

El aciago día, al cuartel policial llegó primeramente un General de Policía que quería poner orden entre su tropa, pero ni siquiera le dejaron hablar porque los reclamantes no le dejaron. Había reclamos airados de los policías, quema de llantas, gritos de protesta, y, en ese ambiente, el Presidente, sin medir consecuencias, trató de ingresar al cuartel policial por dos veces, pese al pedido de muchísimos funcionarios que le exigían que no ingrese. La prepotencia pudo más que la razón, y en el segundo intento logró ingresar con una máscara antigás en la mano. ¿Sabía a lo que se enfrentaba? Fue a meterse como dice la gente común: “en la boca del lobo”. Los exaltados policías le recibieron con gritos, pifias, insultos, le llamaron mentiroso, le increpaban que sus derechos laborales no podía quitarlos. Así y todo logró subir a un segundo piso en donde quiso dar un discurso. Seguían los gritos, la protestas. Veíamos a un Presidente desencajado, temeroso, asustado, timorato, que en una acción desesperada,  se abrió la camisa y gritaba a los exaltados policías: “si quieren matarme aquí estoy, disparen”.

Luego de su show -y de recibir la misma medicina que ordenó dieran a manifestantes, estudiantes y pueblo que reclaman así mismo sus derechos-, con muchas lágrimas ingresó al Hospital Policial. Otra vez fue a parar en la boca del lobo. En su habitación del piso tres, recuperándose del susto, empezó a dar órdenes. Ingresaban a visitarlo sin ningún problema sus partidarios, sus ministros, la Presidenta encargada de la Asamblea Nacional, hablaba con Presidentes de otros países, daba declaraciones, etc. Ya en horas de la tarde, la cadena nacional ordenada por él, decían que el Presidente estaba secuestrado. El Ministro Patiño y otros, a través de los medios del estado, llamaban a los ciudadanos a salvar al Presidente. El Presidente quería ser sacado del Hospital policial, en hombros de sus simpatizantes, pero las cosas le salieron mal, tan mal, que se inventó la versión que al año defiende con pasión: “UN INTENTO DE GOLPE DE ESTADO”. Ordenó al ejército –él es su comandante- su “rescate”, su liberación de los policías que según él lo tenían secuestrado, pero que jamás le exigieron nada por el rescate.

Mañana quiere festejar un año de la muerte de diez ecuatorianos y más de 300 heridos. Quiere festejar su propia mentira, su show, su prepotencia, sin importarle los muertos que causó por su imprudencia al meterse en la boca del lobo. Correa ahora dice que la sublevación fue preparada con dos a tres semanas de anticipación, y sin embargo fue a meterse en la boca del lobo. Que tal. La inteligencia le funcionó mal y ahora pretendía que la Asamblea Nacional avale o confirme la versión oficial de que el 30-S fue parte de una conspiración para derrocar al Presidente. Los gobiernistas no consiguieron los votos necesarios para avalar la versión de Correa.

Mientras tanto, el Movimiento PAIS que lidera Correa pretende celebrar y festejar “el triunfo de la democracia” ante la rebelión policial del 30-S. Se convocó a sus simpatizantes a una masiva concentración para mañana, en la ciudad de Quito, cuando lo que se debe hacer, es contar la verdad al pueblo que dice defender, contar que no hubo intento alguno de golpe de estado, sino que su plan  le salió mal,  acto de vergüenza y de luto nacional. Vendrán según ellos, por lo menos cien mil personas de provincias, lo que ello significa que entre hoy y mañana ingresarán a Quito nada más ni nada menos que 2.000 buses contratados.  

Queriendo ocultar los hechos verdaderos ante la opinión mundial, ha dispuesto que los portales web de los 40 ministerios que forman parte de la Función Ejecutiva, digan en su portada: “30-S, el día que triunfó la democracia”. El Ministerio de Cultura organiza actos para conmemorar el año del infausto suceso, en las 24 provincias del país. Se dice habrá un concierto de Rock. Se proyectarán a nivel nacional videos preparados y editados por el gobierno sobre el 30-S  (con cortes y verdades a medias), Se dice que 12.000 jóvenes llevarán antorchas en una marcha programada para las 18h00. Más de 200 funcionarios de la Secretaría de Pueblos realizarán el “trayecto de la democracia” con velas y banderas desde la Av. América hasta el Regimiento Policial que se sublevó. Presentarán más de 40 grupos musicales. El gobierno en el último mes ha ordenado cadenas nacionales para transmitir su tesis, “de intento de golpe de Estado”. Se han contratado cuñas diarias en los medios no gubernamentales que tienen mucha audiencia, cono el caso de radio Exa, Visión, Sonorama, etc. Cadenas nacionales con duración de treinta minutos para difundir una verdad del gobierno. Con los diarios oficialistas, se distribuyó gratuitamente un DVD de la película Muchedumbre 30-S, calculándose unos 100.000 ejemplares distribuidos en el país. Luego de la revuelta policial, el Gobierno invirtió más de dos millones de dólares  en publicidad. Solo en el mes  de agosto del 2011, hubo un gasto de más de un millón de dólares. La plata sale de las arcas del Estado, de los impuestos que pagan solo los pelucones.

La Fiscalía, (Fiscal designado por Rafael Correa) abre nuevos casos para “investigar la rebelión policial”. Mientras tanto, siguen las persecuciones  en contra del personal de la policía y no del ejército. El Coronel Carrión fue acusado de no abrir las puertas del Hospital Policial para que ingrese Correa, y por “intento de magnicidio” dentro del Hospital. Carrión y su familia han sido permanentemente acosados por el gobierno, por los jefes policiales, por la inteligencia, por agentes policiales. Los ecuatorianos sabemos del odio del Presidente a este oficial de Policía, por el solo hecho de haber dado declaraciones a la cadena internacional CNN, (cuando aún era director del Hospital de la Policía) , quien dijo que el presidente no estuvo secuestrado y que nunca vio que le apuntaran en la cabeza con un arma. El Odio, porque Carrión le robó el show.

En Quito, se ha ordenado bajo prevenciones de sanción, que los empleados gubernamentales salgan a las calles a dar apoyo al Presidente. Se han malgastado millones de dólares en una campaña infame en que el Presidente quiere aparecer como víctima, y no como autor intelectual del 30-S. Ha pasado un año “en las investigaciones” del gobierno, y la inteligencia no ha encontrado NADA, PORQUE NUNCA EXISTIÓ NADA, porque jamás hubo ni siquiera intento de votar al Presidente, peor matarlo. Antes el Presidente tenía el apoyo popular, pero hoy la mayoría de ecuatorianos lo rechaza. No intente otro golpe de Estado. No más muertos y heridos.

Esperamos que hechos como los del 30-S no se repitan. Que no se juegue con el pueblo. Ya no comemos cuento.

martes, 20 de septiembre de 2011

ECUADOR DE LUTO




La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial establecidos en la Constitución. La administración de justicia debe aplicar los principios de independencia interna y externa. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad (ni el Presidente Correa que no se ha declarado expresamente Dictador) podrá desempeñar función de administrar  justicia. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos.  El sistema procesal penal es trascendental, porque es un medio para la realización de la justicia y sobre todo para que se haga efectiva las garantías del debido proceso.

Los principios enunciados no han sido cumplidos, pues los ecuatorianos vimos como desde afuera se daban órdenes primero al juez de primera instancia, y luego al Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil; vimos cómo el Presidente ordenaba lo que tenía que hacerse en el proceso, sin importar que la ley prevé plazos para ejecutarse las providencias, etc.; las audiencias no fueron públicas y más bien se rodeó el edificio en donde se practicaría la audiencia, con cientos de policías armados, militares con bombas de gas, franco tiradores y cámaras en los edificios contiguos para filmar a los que apoyaban al Diario El Universo; no se dejó pasar a la prensa libre, pero sí había prensa estatal; en su interior habían barras de gentes del movimiento Alianza PAIS al que se pertenece el Presidente, etc. El juicio tiene nulidades procesales que no fueron aceptadas; se recusó a los miembros del Tribunal, pero la petición no fue aceptada por el tribunal de bolsillo, contrariando expresas normas de procedimiento, etc., etc.

Los  ecuatorianos veíamos impávidos cómo el Presidente Rafael Correa metía mano en las instituciones del Estado: se tomó el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, La Función de Transparencia y Control Social, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las Superintendencias de Bancos y Compañías, la Función Electoral,  el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional, y al final, la Función Judicial, la Corte de Justicia. Por ello sabíamos que el Tribunal Penal con jueces de última hora y que se “posesionaron” a escasos minutos de las audiencias, recibían órdenes de externas, hasta dictar una resolución ilegal, inmoral, torpe, deshonesta, indecente, a favor del ciudadano Rafael Correa Delgado, (-porque como ciudadano presentó la denuncia de injurias en su contra, pero actuó como Presidente y empleó  ingentes recursos estatales para obtener una sentencia que todos sabíamos cómo llegaba-) cuando sin vergüenza alguna, violando normas jurídicas del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal, de la Constitución  de la República del Ecuador y de los Tratados Internacionales,  le “dieron la razón” a Correa,  que a no dudarlo hará mal uso de la mal habida sentencia, entre los organismo internacionales tratando de afirmar y consolidar su tesis (-que no ha sido probada-), que en el 30 de septiembre del 2010, hubo intento de magnicidio y de golpe de estado, y no un levantamiento policial por derechos laborales. Qué vergüenza.

Con la sentencia del ‘’tribunal puesto a dedo”, se acabó la justicia en el Ecuador, se violó a la justicia, se mató a la justicia. El Presidente puede seguir los juicios que quiera a cualquier ciudadano, a cualquiera que piense diferente, presentará cualquier mamotreto de demanda falsa y temeraria, y el pobre ciudadano común, el político de oficio, sin lugar a dudas será condenado a prisión y a pagar 40 millones de dólares. Qué barbaridad.

Sólo para muestra y para que vean que el Presidente tiene en su bolsillo a la Función judicial, después de transcurridas cinco horas del adefesio jurídico que condena con   tres años de cárcel al editorialista Emilio Palacio y a tres propietarios de el Diario El Universo de la ciudad de Guayaquil, con más un pago de 40 millones de dólares (que debió reclamarse en juicio civil, en juicio verbal sumario), dijo:

“Si reconocen su error y piden disculpas al país y se comprometen a ser más serios, más profesionales y éticos en su labor de informar podemos hablar de cualquier sobreseimiento”.

Qué desconocimiento de la ley. Existe una sentencia condenatoria ilegal, y ya no cabe un sobreseimiento a favor de los propietarios del medio de comunicación. Claro, cuando se es dueño de la Función Judicial, puede ordenarse cualquier cosa, cualquier sobreseimiento. Qué pena. Murió la justicia en el Ecuador. Los ecuatorianos estamos de  luto y seguiremos de luto por algunos años más, hasta que se inaugure verdaderamente la justicia y ésta deje de ser un botín político para amedrentar y tener callados a la oposición, que ahora es la mayoría de ecuatorianos, como así se probó en las últimas elecciones, pese al fraude electoral denunciado por los diferentes partidos políticos.


La Justicia ecuatoriana está de luto. Otro septiembre negro.



martes, 6 de septiembre de 2011

FISCAL GENERAL CHIRIBOGA

LO QUE NO SE DICE:
Causó indignación el oír las declaraciones del Presidente Correa cuando hizo público su apoyo a la candidatura del medio hermano de sus primos a Fiscal General del Estado. “Revisen por donde quieran el concurso. Galo Chiriboga ganó por los ocho costados, tiene las mejores calificaciones en el examen escrito, tiene las mejores calificaciones”. Es público que Chiriboga se pertenecía al movimiento gobiernista de Alianza País, tan es así que fue pre candidato a la Alcaldía de Quito, que le arrebató Augusto Barrera. Pero de ahí, a que el Presidente Correa beneficie directamente “al concursante”, causa indignación y rabia, porque con la prepotencia de Correa, ha copado todas las instituciones del Estado. Ahora, una más en la que Correa mete mano a la justicia, sin que los ciudadanos tengan oportunidad de opinar, unos por temor, y otros por falta de medios libres e independientes. El Fiscal durará en sus funciones seis años y quedará para guardar las espaldas del gobierno corrupto de turno.
Recordemos que en el mes de abril del 2011, trece “catedráticos” fueron de vacaciones a la hostería “El Encanto”, en San Miguel de los Bancos, a dos horas de Quito, para elaborar un banco de 2.000 preguntas que deberían responder el 14 de abril, los 27 postulantes a Fiscal General. Por ese trabajo recibirían cada uno la suma de $ 1.600. La Comisión Ciudadana de Selección había pedido se realicen preguntas relacionadas con el ámbito penal, derecho constitucional, justicia indígena, género y gestión administrativa, preguntas que debían mantenerse en secreto. ¿Acaso se guardó en secreto las preguntas que le correspondieron a Chiriboga?
Luego de las pruebas rendidas por los participantes, en medio de reclamos de algunos de ellos, la famosa Comisión Ciudadana de Selección escogió a los mejores diez puntuados para ocupar el cargo de fiscal general y luego designó al amigo personal de Correa, quien se ha visto involucrado no en una, sino en varios supuestos delitos que son investigados y que oportunamente fueron denunciados por la ciudadanía, como los siguientes:
1) Adquisición de la empresa Madrigal Finance Corp., en un paraíso fiscal, en la suma de 10 mil dólares, a través de un prestanombres, su amigo Gaitán Villavicencio, sociólogo guayaquileño. Este último dijo en su momento: “Solo presté nombre, nunca pregunté para qué”. Un mes después, la empresa pasó a ser la propietaria de una casa en Tumbaco (Quito), construida en un área de 2.500 metros cuadrados, con  piscina cubierta, sauna, cancha iluminada de usos múltiples, jardines con accesos adoquinados, cerramiento de piedra, etc. Madrigal Finance  Corp adquirió la casa en sólo $ 2.762.
2) Los propietarios de la casa, los cónyuges alemanes Edmund Chladek Polansky y Bárbara Haidinger, aseguran que Chiriboga se adueñó de todo a base de engaños. Amigos de la pareja indicaron que el valor real de la vivienda es de aproximadamente un millón de dólares. Los alemanes presentaron un juicio penal colusorio en contra de Chiriboga y su esposa María Victoria Espinal, y del notario tercero de Quito Roberto Salgado. Otro juicio civil, por lesión enorme, una figura que sirve para determinar si el bien fue vendido a un precio real o en una suma ínfima como la de $ 2.762, que perjudicó los alemanes. Una denuncia ante el Consejo de la Judicatura, en la que se dice que el 25 de octubre de 1999, Chiriboga la obligó a concurrir a la Notaría Tercera para que firme la escritura de compraventa, bajo amenaza de que, de no hacerlo, remataría el bien e impediría el regreso de su marido al país. Chladek dijo que “el acto doloso y fraudulento, producto del engaño y de la presión psíquica y moral ejercida en mi contra por Galo Chiriboga” tenía por finalidad llevarse la casa por 50 millones de sucres (2.000 dólares), monto que, además, nunca le fue entregado, señala.
3) Los socios de Madrigal Finance Corp son los cónyuges Victoria Espinal Meneses (presidenta) y Galo Chiriboga (vicepresidente); los cargos de tesorero y secretario corresponden a Alejandro Fuentes Díaz, que fue cónsul superior de Ecuador en España y subsecretario de Chiriboga en el Ministerio de energía en el gobierno de Correa.
4) La empresa Madrigal Finance, el fideicomiso y el bien inmueble adquirido por Chiriboga no constaron en las declaraciones que por Ley Galo Chiriboga debió declarar en los años 2005 y 2006, cuando se desempeñó como ministro de la administración de Alfredo Palacio. Solo en su última declaración, del año 2010, aparece la inversión en Madrigal Finance.
5) El dirigente de Polo Democrático, Fernando Villavicencio, dijo que tiene listos todos los documentos para la impugnación de Chiriboga. Que las impugnaciones son ocho, y sin embargo la famosa Comisión solo aceptó tres: Una por el supuesto delito de perjurio y conflicto de intereses en que habría incurrido cuando presentó documentos falsos ante la Comisión Ciudadana de Selección (CCS). Además, por manejar empresas en paraísos fiscales; y, por enriquecimiento ilícito, por omitir en su declaración jurada de bienes una propiedad valorada en $ 1,5 millones, la casa que fue de los cónyuges alemanes.
6) El aparente perjuicio al Estado por $ 500 millones de dólares en el caso Palo Azul, por un supuesto “fraude técnico” en la entrega del campo a la empresa brasileña Petrobras, por el cual hay en trámite un juicio por presunto peculado y perjuicio al Estado.
7) La negociación para la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) El denunciante Villavicencio sostiene que el 23 de diciembre del 2009, el presidente Rafael Correa nombró a Chiriboga embajador del Ecuador en España, y el 6 de enero del 2010 este acudió como abogado de OCP a una audiencia pública en la Corte Constitucional, pese a que no podía por ser funcionario público.
8) La “defensa” de Galo Chiriboga a la empresa Seramín. Esta le ganó un proceso judicial a Petroecuador por el cual le embargó sus cuentas.
9) Se da cuenta de una supuesta responsabilidad en la posible comisión de los delitos de genocidio y etnocidio al haber aprobado la explotación del campo petrolero Armadillo, pese a la existencia de informes del Ministerio de Ambiente que recomendaba no hacerlo.
10)  La entrega de documentos falsos para obtener puntos en el concurso.
Pese a las denuncias que anteceden, Galo Chiriboga fue nombrado y posesionado como FISCAL GENERAL DEL ESTADO, en contravención con lo dispuesto en el Art. 196 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice: El Fiscal General del Estado reunirá los siguientes requisitos: 3) “Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de diez años”. Los principios morales, los éticos, ya no tienen validez en el gobierno de Correa. El Fiscal debería ser un hombre intachable, sin que pese sobre él ninguna denuncia o mí9nima duda de su honorabilidad. Pero ya lo ven, tiene diez denuncias, indagaciones y juicios, y fue elegido a “dedo” y punto.
Antes de entregarse los resultados finales, el participante y mejor puntuado inicialmente, Dr. Juan Vizueta dijo sobre el proceso: “que fue una tomadura de pelo”. “El presidente Rafael Correa, ya tenía a su candidato, porque buscaba alguien sumiso e incondicional con el Régimen, algo que no iba a lograr conmigo”. Él aseguró que en primera instancia obtuvo el mejor puntaje de todos los aspirantes, pero que extrañamente ahora aparece Chiriboga con la calificación más alta. “No se puede permitir que se tome el pelo al país. Los comisionados deberían designarle de una vez a Chiriboga. Este proceso es una burla. Lo que se quiere es alguien que sea obsecuente”. Poco después prefirió retirarse del show argumentando falta de probidad, ética y transparencia.
El Fiscal general en funciones, Washington Pesántez, se sumó a las críticas de cómo se desarrollaba el concurso. Este proceso –indicó–“por decencia institucional, por decencia del país, debe ser transparente’’. “No debe haber ninguna duda, ninguna tacha” sobre quiénes participan. "Yo aspiro que sea un fiscal que mantenga autonomía. “Me parece que, inclusive políticamente, un ex funcionario del gobierno no es una garantía de autonomía e independencia”.
El Consejo de Participación Ciudadana con mayoría gobiernista se peleaba. El consejero independiente Pachala  acusó a la gobiernista Marcela Miranda de tapar irregularidades durante la calificación, mientras le decía: “No mentirás, no robarás, no serás mentirosa”.
Por su lado Chiriboga decía: “que en caso de resultar electo para reemplazar a Washington Pesántez, su actuación estará guiada por los principios de rectitud, transparencia e independencia, una línea de conducta que ha caracterizado su “vida profesional”. ¿Y las denuncias qué?
El fiscal del Guayas, aspirante a la Fiscalía general, indicó que a Chiriboga le están regalando seis puntos. "Así regalándole puntos a un candidato, ¿cómo no va a quedar primero, no? Se ve que no solo le quieren regalar puntos, sino que le quieren regalar también la Fiscalía, sin beneficio de inventario"
Para el jefe de Estado: “existe una confabulación para hacerle daño al Gobierno”. Sostuvo que las denuncias que pesan sobre Chiriboga son una “patraña” para evitar que gane el concurso “y ver si nos ponen a un enemigo del gobierno de Fiscal, que nos mande presos”.
En todo caso, el daño ya está hecho. Al Fiscal se le ve actuando en juicios sin importancia hasta ahora, pero las verdaderas indagaciones quedan en el olvido. ¿Las indagaciones importantes suman más de setenta y qué se hace?
No olvidemos que el fiscal general tiene la potestad para enjuiciar a funcionarios de las 17 más altas dignidades. Por ello, el poder del Fiscal puede ser usado como una herramienta para luchar contra la impunidad, o en caso contrario, el poder le servirá para perseguir y extorsionar a los opositores de Correa, tapando los actos corruptos del gobierno de Correa. 
El Fiscal puede iniciar indagaciones contra el presidente y vicepresidente de la República, asambleístas, consejeros del Consejo de Participación, jueces de la Corte Nacional de Justicia, vocales del Consejo de la Judicatura, Defensor del Pueblo, contralor, defensor público, procurador, ministros, secretario de la administración pública, superintendentes, consejeros del Consejo Nacional Electoral, jueces del Tribunal Contencioso Electoral, jueces de cortes provinciales. ¿y a él quien le iniciará indagaciones?
Sólo recordemos que según datos de la Unidad de Indagaciones Previas de la Fiscalía General, desde diciembre del 2008 hasta junio del 2011 se iniciaron nada más ni nada menos que 67 investigaciones contra 28 funcionarios con fuero de Corte Suprema, entre ellos, el mismo presidente Rafael Correa y su ex ministro de Minas y actual Fiscal General Galo Chiriboga. También constan más de veinte funcionarios y ex funcionarios de este gobierno.
Más del 90% de estas indagaciones se dieron por peculado y el resto por figuras como lavado de activos, fraude y hasta presunto financiamiento ilícito. Nos preguntamos, ¿qué  hará el fiscal con esas investigaciones?
El presidente Rafael Correa tiene indagaciones penales en su contra, sobre los que la Fiscalía deberá decidir si pasan o no a la etapa de juicio. Un presunto perjuicio de $ 143 millones, según el informe de la veeduría ciudadana integrada para revisar los contratos que el Estado firmó con empresas relacionadas con su hermano Fabricio.
Otra investigación se abrió, el 18 de abril, en contra de Correa y otros 18 funcionarios, entre ellos: Marcela Aguiñaga, ministra del Ambiente; Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales; y contra el mismo Galo Chiriboga, ex ministro de Minas y Petróleos, y ex embajador de Ecuador en España, esta vez por el presunto delito de genocidio.
Existen indagaciones en contra de varios ministros y ex ministros de este régimen, por sobreprecios en compras o peculado, en que el Ecuador se ha visto perjudicado en decenas de millones de dólares.
Sólo los ex ministros de Salud (Chang) y Agricultura (Poveda) suman más de veinte indagaciones por peculado.
Los pájaros disparando contra las escopetas.