La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial establecidos en la Constitución. La administración de justicia debe aplicar los principios de independencia interna y externa. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad (ni el Presidente Correa que no se ha declarado expresamente Dictador) podrá desempeñar función de administrar justicia. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos. El sistema procesal penal es trascendental, porque es un medio para la realización de la justicia y sobre todo para que se haga efectiva las garantías del debido proceso.
Los principios enunciados no han sido cumplidos, pues los ecuatorianos vimos como desde afuera se daban órdenes primero al juez de primera instancia, y luego al Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil; vimos cómo el Presidente ordenaba lo que tenía que hacerse en el proceso, sin importar que la ley prevé plazos para ejecutarse las providencias, etc.; las audiencias no fueron públicas y más bien se rodeó el edificio en donde se practicaría la audiencia, con cientos de policías armados, militares con bombas de gas, franco tiradores y cámaras en los edificios contiguos para filmar a los que apoyaban al Diario El Universo; no se dejó pasar a la prensa libre, pero sí había prensa estatal; en su interior habían barras de gentes del movimiento Alianza PAIS al que se pertenece el Presidente, etc. El juicio tiene nulidades procesales que no fueron aceptadas; se recusó a los miembros del Tribunal, pero la petición no fue aceptada por el tribunal de bolsillo, contrariando expresas normas de procedimiento, etc., etc.
Los ecuatorianos veíamos impávidos cómo el Presidente Rafael Correa metía mano en las instituciones del Estado: se tomó el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, La Función de Transparencia y Control Social, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las Superintendencias de Bancos y Compañías, la Función Electoral, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional, y al final, la Función Judicial, la Corte de Justicia. Por ello sabíamos que el Tribunal Penal con jueces de última hora y que se “posesionaron” a escasos minutos de las audiencias, recibían órdenes de externas, hasta dictar una resolución ilegal, inmoral, torpe, deshonesta, indecente, a favor del ciudadano Rafael Correa Delgado, (-porque como ciudadano presentó la denuncia de injurias en su contra, pero actuó como Presidente y empleó ingentes recursos estatales para obtener una sentencia que todos sabíamos cómo llegaba-) cuando sin vergüenza alguna, violando normas jurídicas del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal, de la Constitución de la República del Ecuador y de los Tratados Internacionales, le “dieron la razón” a Correa, que a no dudarlo hará mal uso de la mal habida sentencia, entre los organismo internacionales tratando de afirmar y consolidar su tesis (-que no ha sido probada-), que en el 30 de septiembre del 2010, hubo intento de magnicidio y de golpe de estado, y no un levantamiento policial por derechos laborales. Qué vergüenza.
Con la sentencia del ‘’tribunal puesto a dedo”, se acabó la justicia en el Ecuador, se violó a la justicia, se mató a la justicia. El Presidente puede seguir los juicios que quiera a cualquier ciudadano, a cualquiera que piense diferente, presentará cualquier mamotreto de demanda falsa y temeraria, y el pobre ciudadano común, el político de oficio, sin lugar a dudas será condenado a prisión y a pagar 40 millones de dólares. Qué barbaridad.
Sólo para muestra y para que vean que el Presidente tiene en su bolsillo a la Función judicial, después de transcurridas cinco horas del adefesio jurídico que condena con tres años de cárcel al editorialista Emilio Palacio y a tres propietarios de el Diario El Universo de la ciudad de Guayaquil, con más un pago de 40 millones de dólares (que debió reclamarse en juicio civil, en juicio verbal sumario), dijo:
“Si reconocen su error y piden disculpas al país y se comprometen a ser más serios, más profesionales y éticos en su labor de informar podemos hablar de cualquier sobreseimiento”.
Qué desconocimiento de la ley. Existe una sentencia condenatoria ilegal, y ya no cabe un sobreseimiento a favor de los propietarios del medio de comunicación. Claro, cuando se es dueño de la Función Judicial, puede ordenarse cualquier cosa, cualquier sobreseimiento. Qué pena. Murió la justicia en el Ecuador. Los ecuatorianos estamos de luto y seguiremos de luto por algunos años más, hasta que se inaugure verdaderamente la justicia y ésta deje de ser un botín político para amedrentar y tener callados a la oposición, que ahora es la mayoría de ecuatorianos, como así se probó en las últimas elecciones, pese al fraude electoral denunciado por los diferentes partidos políticos.
La Justicia ecuatoriana está de luto. Otro septiembre negro.
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